El fortalecimiento de la seguridad de las personas puede motivara ciertos legisladores con instrumentos legales encaminados a restringir la libertad individual como es el caso del control preventivo de identidad; asimismo, el derecho a la privacidad de los imputados dio pie para que se discutiera la posibilidad de promulgar una “ley mordaza” para evitar que se filtren las informaciones provenientes de las investigaciones penales que lleva el Ministerio Público (o Fiscalía) y ahora la protección de inversionistas ante eventuales estafas piramidales puede suponer una nueva restricción a la libertad, esta vez a la libertad económica que, junto a la libertad de contratación y la propiedad privada, es uno de losvalores o principio fundamental del sistema neoliberal que opera en nuestro país.

Así, pues, el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga el rol de entidades públicas en cuanto a los eventuales fraudes de empresas de inversión dijo expresamente que “en lo que sí tenemos que avanzar, es regular las asesorías de inversión donde se comprometa la fe pública”. A su vez el Superintendente de Valores y Seguros (SVS), Carlos Pavéz declaró que: “uno de los temas que hemos detectado, que hace tiempo es importante regular o abordar por la vía legal, es el de las actividades de asesoría de inversión como actividad global”.

Schilling

Mario Schilling, abogado.

Quizá los chilenos que vivimos en un régimen autoritario donde nuestras libertades se restringieron por 16 años, nos hemos acostumbrado a que, de vez en cuando, nuestras autoridades coqueteen con prácticas intervencionistas, sin que nos demos cuenta o, peor aún, sin que nos moleste mayormente. Por ese motivo estimo que, bajo el pretexto de evitar futuros delitos, el hecho de que Estado intervenga en la actuación propia de los agentes económicos no es una práctica del todo inocente desde un punto de vista ideológico o bien, en este caso pudiera ser que el Estado chileno, mediante la actividad legislativa influida por lobbistas, una vez más estimule el oligopolio de esta actividad económica.

Se ha dicho que históricamente el modelo económico-jurídico muestra insuperables dificultades, pues el Estado tanto en su rol de depositario de los intereses plurales y como centro de poder está obligado a intervenir y participar en los mecanismos del mercado a fin de corregir los desequilibrios supuestamente naturales e indivisibles. Pero finalmente esta doble función estatal termina impactando a los sistemas jurídicos y se crea una suerte de paradoja con los procesos de globalización económica que supone el retiro del Estado de sus funciones económicas.

En conclusión, la pregunta que nos planteamos apunta básicamente a qué sacrificaremos en nuestras libertades bajo el pretexto de evitar futuras estafas piramidales,¿se va a restringir las iniciativas particulares de asesoría de inversión o, el Estado mediante alguno de sus órganos reguladores va a extender su fiscalización sobre los agentes que en la actualidad desempeñan legítimamente esta actividad?

Comentarios

comentarios