La denominada Ley Mordaza pretendía sancionar con penas privativas de libertad a quienes filtren información de las investigaciones penales del Ministerio Público, en especial, a los periodistas. Sin embargo, el denominado “Quinto Poder” —como se conoce a la prensa— logró imponer su voluntad de ser excluido de este futuro ilícito penal.

Así, pues, por 29 votos a favor y 3 abstenciones, los parlamentarios excluyeron a los periodistas de este nuevo delito y sumó multas de 20 a 200 UTM para quienes incurran en esta conducta, además, de penas que podrían llegar a 541 días de presidio. Tras la polémica generada, el Senado decidió aprobar nuevas modificaciones a la Ley Mordaza que sanciona las filtraciones respecto a procesos judiciales y que surgió tras las revelaciones surgidas por casos como Penta, SQM y Caval en la prensa.

Los sujetos activos de la comisión de este delito, entonces, podrían ser funcionarios públicos que participen en la investigación criminal, tales como fiscales, asistentes de fiscales, defensores penales públicos y policías, pero también podría alcanzar a particulares como peritos, abogados defensores privados, abogados querellantes u otras personas que tengan acceso a la indagatoria por una orden del Ministerio Público como los testigos, entre tantos.

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Esta iniciativa parece a todas luces reflejar el oportunismo político de quienes han financiado sus campañas por largos años a través de la falsificación ideológica de facturas, de financiamiento privado o mecenazgo clientelista, sin importar partido, facción o ideología. La inmoralidad de nuestros representantes en democracia, similares a los de nuestros despreciados vecinos de barrio latinoamericano ya han perdido el más elemental pudor, mediante esta ley les resultará más efectivos y eficientes sus actos de corrupción al impedir, restringir o perturbar al máximo la fiscalización de la sociedad que ejercen los medios de comunicación social, al limitarnos el derecho a ser informados y atentar nuestras libertades esenciales como ser humano.

Pero más allá de los inmundos y evidentes motivos de nuestra clase política me parece que la norma que pretenden promulgar carecerá de todo valor práctico.

¿Qué antecedentes mínimos necesitará un fiscal del Ministerio Público para formalizar su investigación a un imputado por este futuro delito de filtración de información o para requerirlo en procedimiento simplificado? Primero, que cuente con testigos o documentos que acrediten que ese imputado tuvo acceso a la carpeta investigativa; segundo, que el periodista que entrevistó a ese imputado y que luego difundió esa información a través de la noticia revele —violando su secreto profesional protegido por ley— la fuente. Esta última hipótesis la veo casi imposible de que se produzca, salvo una salida de madre de un profesional que, de hacerlo, pondría fin a su carrera como periodista, además, del repudio absoluto y unánime de sus colegas.

Si bien lo más probable es que termine siendo otra norma más que sirva para alimentar al sistema de suspensiones condicionales, se me ocurre que este delito podría tener condenados a eventuales abogados o incluso testigos que den declaraciones expresas a la prensa y se estime por un tribunal que dichas opiniones o informaciones están protegidas por la Ley Mordaza y que revistan carácter de delito. Si así fuera el caso tendría que esclarecerse en forma anticipada qué se entenderá por información reservada y cuál no, a menos que lo que se pretenda por nuestros honorables legisladores sea que el periodismo de tribunales lisa y llanamente desaparezca.

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