La Subsecretaría del Interior tomó la decisión de demandar civilmente a los padres de los menores que provoquen daños al mobiliario público en manifestaciones y protestas. Esta decisión -señalan algunos medios de prensa- se da en respuesta a los costos que generan en las distintas municipalidades y reparticiones estatales las marchas o incidentes relacionados con fechas emblemáticas, como lo son el 11 de septiembre o el Día del Joven Combatiente que se conmemora el 29 de marzo.

Uno de los últimos casos que generó preocupación en el Gobierno ocurrió el 17 de diciembre de 2015, cuando un grupo de menores de edad protagonizaron una persecución en la Ruta 68, produciendo cerca de $ 70 millones en daños en vehículos de carabineros y en infraestructura. Así las cosas, la repartición dependiente del Ministerio del Interior envió un oficio el 3 de marzo al Consejo de Defensa del Estado a efectos de que se evaluara jurídicamente la aplicación de las viejas normas del Código Civil.

Si bien la Subsecretaría pretendía hacer valer el Artículo 2.312 del citado código, el CDE indicó que lo más efectivo sería aplicar el Art. 2.320, pues el primero señala que “los padres serán siempre responsables de los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente provengan de mala educación, o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir”, y desde un punto de vista procesal, resulta difícil probar en juicio el hecho de que la conducta de quienes provocan destrozos públicos provienen de la mala educación de sus padres o de hábitos viciosos que ellos les han permitido adquirir.

Schilling

Mario Schilling, abogado.

En cambio, al usar el artículo 2.320, que expresa “que toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Así el padre, y a falta de éste la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa”. Además, de probar que los menores residan en la casa de los padres, que resulta más sencillo de hacer ante un tribunal civil, se requiere evidenciar que exista una condena y un proceso judicial concluido, los daños que sean a bienes públicos, presentar prueba documental que acredite el monto del perjuicio, que el delito no esté prescrito el caso y la individualización de los bienes de los padres de los menores.

El CDE estuvo muy atento a un fallo de la Corte Suprema en el caso de Aarón Vásquez, que estableció como improcedente el cobro por vía ejecutiva de la indemnización a que se condenó en sede penal al agente directo del daño, pues si bien la culpabilidad de éste no podrá controvertirse conforme al efecto de cosa juzgada en sede civil de la sentencia penal —artículo 179 del Código de Procedimiento Civil—, no están todos los elementos de la responsabilidad por el hecho ajeno, conforme al artículo 2.320 ó 2.321 del Código Civil.

Por una parte, en relación con el artículo 2.320, es necesario aún acreditar el vínculo de dependencia, que en el caso específico de los padres, requiere que habite el mismo techo y, todavía, es posible para los terceros civilmente responsables desvirtuar la presunción de culpa que emana del inciso final de esa regla, acreditando diligencia. Al no otorgarles esta oportunidad a los padres demandados, se violenta el derecho a defensa y las condiciones de la responsabilidad por el hecho ajeno.

Por lo tanto, como ha manifestado un profesor de Derecho Civil, si se pretende hacer valer la responsabilidad de los denominados ‘terceros civilmente responsables’, conforme con lo dispuesto en los artículos 2.320 y 2.321 del Código Civil, exista o no proceso penal, ella siempre habrá de ventilarse en un juicio declarativo de lato conocimiento, desde que cualquiera de estas disposiciones que se invoquen suponen, de una u otra manera, la posibilidad de que quienes tienen a su cargo o cuidado a un tercero, puedan descargar su responsabilidad probando diversas circunstancias que la misma ley contempla para ello.

Es más, en el caso del artículo 2.320, aún si el tercero no es condenado por la responsabilidad de quien depende de él, éste todavía queda en condiciones de poder repetir en contra del autor material del ilícito conforme con lo preceptuado en el artículo 2.325 del mismo Código.

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