“… Nos preguntamos si este proyecto de ley —en cuanto a la vigorización de las penas—, se concibe por las exigencias internacionales, por consideraciones políticas u otras de carácter utilitarista. Bien sabemos que el aumento de penas a determinadas conductas —al menos en los términos de este proyecto— no necesariamente se traducirá en la acentuación de los cumplimientos efectivos…”

Si adherimos a las teorías relativas o teorías de la prevención, la pena en materia de Derecho Penal se impone —con una suerte de efecto intimidatorio— para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos delictivos. Este efecto denominado “prevención general” se originó en la idea de la coacción psicológica, donde supuestamente la apetencia de cometer delitos del hombre sería eliminada con la certeza de que su conducta le traería un mal mayor. Sin embargo, la doctrina contemporánea critica las bases conductistas de este pensamiento como la efectividad disuasiva de la alta penalidad asociada a un delito. El Proyecto de Ley que tipifica el delito de corrupción entre particulares y modifica disposiciones del Código Penal parece ignorar esta discusión y se centra en uniformar nuestro ordenamiento jurídico con los estándares solicitados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Tal vez esta omisión satisfaga más bien un razonamiento político que uno de carácter técnico penal, fundamentado en la tesis de que se logra prevenir el delito mediante el aumento de las penas asignadas a las conductas socialmente reprochables.

abogado-schilling-2016Me parece acertado que en Chile se tipifique el delito de corrupción entre particulares. Según expresa el mensaje número 500-363 de 17 de junio de 2015: “a través de la incorporación de este tipo penal se salva un vacío legal del que daba cuenta el Informe Engel (p. 45) en relación a las sugerencias de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés)”. De esta manera, el nuevo tipo penal sancionaría al director, gerente, administrador o ejecutivo principal de una empresa o entidad que, por sí o a través de otra persona, solicita o acepta recibir un beneficio económico en interés o provecho propio o de un tercero, para favorecer o por haber favorecido a otro, con infracción de sus deberes u obligaciones, en la contratación de bienes o servicios o en las relaciones comerciales. También se sanciona a quien por sí o a través de otra persona, ofrece o consiente en dar o entregar a un director, gerente, administrador o ejecutivo principal de una empresa o entidad, o a quien estos señalen, un beneficio económico en interés o provecho propio o de un tercero, para que le favorezca o por haber favorecido, con infracción de sus deberes u obligaciones, a él o a un tercero en los casos de contratación de bienes o servicios o en las relaciones comerciales. Finalmente, la incorporación del director, gerente, administrador o ejecutivo principal de una empresa o entidad en la redacción de los artículos 287 bis y 287 ter, expresa el Mensaje, obedece a dar armonía con la Ley de Mercados y Valores N°18.045.

El proyecto contempla la modificación del tipo penal de negociación incompatible para introducir la hipótesis del administrador del patrimonio. La ley vigente sanciona este delito con reclusión menor en su grado medio; el proyecto eleva con reclusión menor en su grado medio a máximo y por otra parte, también endurece las multas. La redacción del artículo 240 se reconstruye con mayor claridad y se incluye una nueva hipótesis: “el administrador del patrimonio de una persona que se encuentre impedida de controlar su administración”. Como consecuencia del aumento de penas del artículo 240, el delito de tráfico de influencias que dispone se apliquen dichas penas también aumentaría tanto la pena de privativa de libertad como la sanción pecuniaria. Además, se agrega un inciso final que establece una agravante de responsabilidad penal a quien obtenga el beneficio perseguido. El proyecto también contempla el aumento de las penas del delito de cohecho y el soborno dispuestos en los artículos 248, 248 bis, y 250 del Código Penal. A la pena de reclusión menor en su grado mínimo se le reemplaza por grado mínimo a medio (Art. 248 y Art. 250), a la reclusión menor en su grado medio, por medio a máximo (248 bis) .

A modo de conclusión, nos preguntamos si este proyecto de ley —en cuanto a la vigorización de las penas—, se concibe por las exigencias internacionales, por consideraciones políticas u otras de carácter utilitarista. Bien sabemos que el aumento de penas a determinadas conductas —al menos en los términos de este proyecto— no necesariamente se traducirá en la acentuación de los cumplimientos efectivos y, aún si me equivocara en mi prognosis, la prevención general a esta altura de la historia de occidente parece más colindante a la ilusión colectiva que al realismo científico social.

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