• Por Mario Schilling, abogado y Director de Schilling Abogados.

No sé si nuestra sociedad chilena reacciona lenta a los estímulos o tenemos una suerte de cultura sadomasoquista. Datos curiosos para esta tesis: primero, llevábamos casi 30 años con universidades sin fines de lucro que, mediante subterfugios, lucraban y rasgamos vestiduras hace poco tiempo al descubrirlas. Segundo, desde el retorno a la Democracia en los 90, los ciudadanos sospechábamos que las campañas políticas se financiaban con el dinero de empresarios que “probablemente” después exigirían lealtades a cambio de su donación y, de pronto, recién ahora, nos escandalizamos por su descubrimiento. Tercero, desde hace más de 15 años el nuevo sistema procesal penal sanciona a quienes filtren actuaciones realizadas por el Ministerio Público y la policía, sin embargo, los canales de televisión aumentaron sus rating con programas protagonizados por detectives, Carabineros y fiscales en procedimientos policiales televisados en vivo, comentando y divulgando groseramente actuaciones secretas con la impunidad más absoluta. Total quién iba a reclamar, ¿cierto? los imputados eran pobres, generalmente pobladores, anónimos y sin poder; pero ahora cuando los imputados son ricos, empresarios conocidos y políticos o familiares de dichos políticos y con poder, cambió el escenario.

Schilling

Mario Schilling, abogado.

La Comisión de Constitución del Senado corrió para aprobar una norma que sanciona con una condena que parte en 61 días a 540 a cualquier persona que viole el secreto. Parece entonces que la voluntad soberana del pueblo chileno ha expresado a través de sus representantes en el Senado que ya no quiere informarse sobre los procesos penales.
Así pues, en las actas de la referida comisión, el senador (RN) Alberto Espina, expresó que “esa información, difundida por los medios de comunicación social, importa una verdadera condena anticipada del imputado, sin derecho a defensa”. El fiscal nacional subrogante, Andrés Montes, hijo del legislador (PS) Carlos Montes, planteó que las filtraciones son un asunto delicado, pues “se trata de una conducta indebida, inadecuada, que socava el principio de objetividad y que faranduliza el proceso penal”.

El presidente de la Comisión, Alfonso de Urresti (PS), planteó que “tienen que establecer sanciones penales disuasivas contra el que divulga información indebidamente, así como parámetros internos de control que gatillen rápidamente la responsabilidad administrativa cuando el infractor sea un funcionario de la fiscalía”. Parece que el presidente de dicha comisión está al tanto de lo que muchos periodistas de tribunales saben, y que es un secreto a voces, y es que muchas veces las filtraciones provienen de los mismos fiscales que, para mejorar sus relaciones públicas y obtener buena prensa, ofrecen un inofensivo café para “conversar en off the record”.

Tal vez consciente de ese problema el fiscal nacional (s) Montes propuso establecer en el artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público la siguiente disposición: “Los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación, fuera de los casos previstos en la ley o en las instrucciones generales del fiscal nacional”.

Según esta indicación, habría que observar atentamente esta excepción a la norma donde se le brinda un cheque en blanco al fiscal nacional, pues no sabemos bien cuándo, cuáles y cómo serían estas instrucciones generales que, permitiendo interrumpir la prohibición de esta norma en determinados casos, facultará a los fiscales para emitir opiniones y dar a conocer antecedentes que son secretos. Sea como sea, pongo en serias dudas que esta disposición tenga eficacia, pero las razones me las reservo para otra columna.

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