Por: Mario Schilling F.

Las salas de la Cámara de Diputados y del Senado despacharon recientemente el proyecto de ley que impulsó el Gobierno y que busca tipificar y sancionar el delito de colusión, el que tendría altas penas de cárcel, cumplimiento efectivo y aumento en sus sanciones económicas.

El aumento de penas es un anuncio directo a empresarios y ejecutivos, quienes no pertenecen al hampa ni están familiarizados con el ambiente criminógeno.

A pesar de la oposición planteada por el Ministerio Público, el proyecto de ley aprobado establece que será la Fiscalía Nacional Económica la encargada de perseguir la responsabilidad penal derivada de quienes se hayan coludido, contando con un plazo de seis meses desde la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que establezca que hubo colusión, esto para decidir si presentar o no una querella en sede penal que pueda terminar finalmente en una pena de cárcel.

Schilling

Mario Schilling, abogado.

Esta iniciativa sanciona el delito de colusión con una pena de cárcel entre tres años y un día y 10 años a quienes se hayan coludido. Además, obligatoriamente deberán cumplir al menos un año privado de libertad. Desde el punto de vista de las sanciones pecuniarias, se elevan de manera importante las multas al 30% de las ventas que hubo durante el período en que la empresa estuvo coludida o al doble de las ganancias que la empresa obtuvo mediante el acuerdo.

Asimismo, es importante destacar que se privilegia la delación compensada como mecanismo práctico que permitirá activar denuncias y generar una fiscalización interna en las empresas, pues al primer delator se le eximirá de este castigo, mientras que al segundo, si es que lo hay, se le rebajará la pena en un grado.

Mi opinión respecto del aumento de penas en materia de legislación penal suele ser escéptica, pues la doctrina comparada ha demostrado internacionalmente que los delitos no disminuyen por la amenaza a los delincuentes de ser condenados a la cárcel. Si tuviéramos que hacer una analogía, podríamos comparar la publicidad que se hace en las cajetillas de cigarrillos, desincentivando el vicio y la convicción interna que le genera al vicioso seguir fumando pese a la advertencia de daño contra su salud. En conclusión, el fumador piensa que no va a enfermar, o al menos, no a corto plazo, y el delincuente habitual piensa que no lo van a descubrir, o que si lo descubren, tendrá oportunidades para fugarse o defenderse; en el peor de los casos, si es condenado puede optar por beneficios.

Pero en el delito de colusión, el escenario cambia. El aumento de penas es un anuncio directo a empresarios y ejecutivos, quienes no pertenecen al hampa ni están familiarizados con el ambiente criminógeno. Por lo mismo, pienso que la amenaza del Estado de privarlos de libertad y aumentar las sanciones pecuniarias, podría influir en su comportamiento desde la perspectiva de la elección racional, donde quienes se coludan tendrán que hacer un cálculo de riesgo-beneficio.

Quizás las colusiones no disminuyan y los inescrupulosos puedan seguir la línea de pensamiento de los delincuentes habituales, en cuanto a la apuesta de no ser descubiertos o ser bien defendidos por abogados duchos. Sin embargo, la sociedad ganará en cuanto a seguridad jurídica y el bien colectivo tutelado gozará de un respeto mayor al que actualmente posee.

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