Los afectados por AC Inversions quieren saber si van a recuperar sus dineros o no, más allá de si los autores de esta supuesta empresa son llevados a juicio criminal, si son condenados por estafa calificada, por infracción a la Ley General de Bancos y por la ley de lavado de activos o -como sostuvo su defensa técnica durante la audiencia de formalización- se ventile juicio por incumplimiento de contrato en sede civil.

Por de pronto, podemos decir con total certeza que la mera denuncia del hecho no es suficiente para recuperar dineros, pues se necesita ejercer acciones legales concretas. Ningún agente del Estado vendrá con un sobre de dinero a llevarles de regreso a las víctimas terminadas en el proceso.

Así, pues, en la arista penal, nos encontramos en una etapa embrionaria de investigación criminal, donde el Ministerio Público o Fiscalía, luego de formalizar cargos a los imputados debe reunir suficientes antecedentes para fundar una acusación. Se ha fijado un plazo de cierre de seis meses, que perfectamente podrá ser ampliado a solicitud de la Fiscalía en audiencia programada para dicho efecto. Quizás nos olvidemos, aunque la opinión pública haga sospechar lo contrario, que primero hay que destruir la presunción de inocencia que gozan los imputados y una vez acusados, un tribunal oral en lo penal debe dictar sentencia condenatoria, acoger las demandas civiles y vencidos los plazos para interponer recursos procesales, o interpuestos y rechazados, se podrá proceder recién a la ejecución de la sentencia. Hay un largo camino que recorrer todavía.

mario-schilling-caval

Pero, sin perjuicio de lo anterior, si se logra determinar que hubo responsabilidad del Estado en este caso y si se procediera a accionar contra el Fisco para la reparación de estas víctimas, el abogado demandante de dichas víctimas deberá probar primero, que existe un hecho, actos u omisiones realizados por un órgano del Estado (en este caso se ha apuntado a que la UAF habría sido negligente en su actuar, luego de varias alertas). Segundo, deberá demostrar con pruebas que existe una causa o relación causal entre esta inactividad del Estado y el resultado dañoso, es decir, que a consecuencia de este descuido se produjo la pérdida patrimonial de las víctimas y finalmente, deberá lograr la convicción del tribunal de la existencia de una lesión o menoscabo en los derechos de la víctima.

La responsabilidad extra contractual del Estado encuentra su fuente constitucional en el Art. 38 inciso segundo de nuestra Carta Fundamental y su fuente legal proviene del Art. 42 de la Ley 18.575.

La disposición sostiene que “cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”.

Como dijo Churchill «Soy optimista. No parece muy útil ser otra cosa».

Comentarios

comentarios